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Hacienda registra casi 700 mil autónomos o pymes adscritos a la Tributación por Módulos en España y salir de este sistema supone no sólo asumir un mayor control tributario sino también un incremento de la carga administrativa. En ese contexto, el Ejecutivo ha lanzado un Anteproyecto de Ley contra el fraude fiscal, que afecta directamente a este colectivo.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado un anteproyecto de ley para intensificar la lucha contra el fraude fiscal que contempla modificar el sistema de módulos por el que tributan buena parte de las pymes y autónomos.
La medida más importante es que se prohibirá aplicar el sistema de módulos a empresas que “facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares” con lo que se pretende, evitar la emisión de facturas falsas.
Los colectivos afectados serán los carpinteros, la industria del mueble, albañiles cerrajeros, fontaneros o transportistas, entre otros. Eeste tipo de profesionales deberán pagar impuestos como el IVA o el IRPF en función a su actividad real.
El sistema de módulos permite tributar en función de variables como los metros cuadrados de un negocio, el número de empleados o el consumo eléctrico, etc. Los autónomos pagan así una cantidad fija con independencia de los beneficios que obtengan o de las pérdidas. Las nuevas limitaciones se aplicarán a los rendimientos íntegros del ejercicio anterior cuando estos superen los 50 mil euros. Hacienda cree que ese es el nivel de beneficios a partir del cuál se pueden asumir mayores obligaciones tributarias.
Hacienda prohibirá además tal y como ya se hace en otros países como Italia, los pagos en efectivo que superen los 2.500 euros y establecerá sanciones de hasta el 25% del importe abonado. La multa se establecerá tanto para el pagador como el perceptor, sin embargo, si una de las partes comunica la infracción antes de tres meses después de haberse producido el pago, quedará exonerado de la sanción.
El umbral de 2.500 euros se ampliará hasta los 15.000 euros para los no residentes. Esta excepción persigue no penalizar al turista que suele optar por pagar en metálico.
Hacienda recuerda en su parte de prensa que particulares y empresas deberán informar sobre cuentas y valores en el extranjero a partir de 2013.